Una sociedad civilizada surge como consecuencia de un lento proceso de evolución socio cultural en donde se forman una serie de pautas de comportamiento necesarias que podemos denominar instituciones morales como, por ejemplo, el respeto por los derechos individuales (a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley) y el respeto por otras instituciones como el matrimonio, la familia, el mercado, la banca, la separación de poderes o las elecciones democráticas de representantes.
Mediante la mayoritaria aprobación de la Constitución Española de 1978 se intentaron proteger y garantizar las instituciones morales para lograr la convivencia pacífica de todos los españoles y así permitir el mayor progreso socio económico y cultural de España, mediante un marco institucional fundamentado en el respecto de la Constitución por una mayoría de políticos y por la inmensa mayoría de la población.
La historia reciente refleja ya el enorme legado del rey Don Juan Carlos I y del presidente Adolfo Suárez, como cabezas visibles del gran esfuerzo político realizado por muchas personas, para impulsar un proceso pacífico de transición hacia una democracia en España después de casi cuarenta años de dictadura.
Como consecuencia del amplio consenso alcanzado se ha permitido la convivencia pacífica durante casi treinta años pero, lejos de quedarnos anclados en tiempos y en diseños constitucionales pasados, debemos de analizar el presente marco institucional para intentar evolucionarlo hacia mayores cotas de libertad y hacia un mayor control de los ciudadanos sobre las principales instituciones de la nación.
Al igual que muchos ciudadanos, desde Plataforma Constitucional (www.plataformaconstitucional.org) analizamos con espíritu crítico y constructivo nuestra Constitución Española de 1978 y observamos como, durante el proceso de transición desde la dictadura hacia la democracia, para alcanzar el consenso de casi todos los políticos se dejaron abiertas ciertas fisuras en el marco institucional de España.
Pasadas tres décadas, los errores legislativos empiezan a pasar factura y han permitido y permiten derivas nacional-socialistas en diferentes regiones españolas en contra de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos no nacionalistas de algunas regiones.
En concreto, se dan cuatro circunstancias que han ido deteriorando la situación política en España y que han ido fracturando poco a poco la unidad nacional:
• Por el mejorable diseño normativo de los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Española de 1978 y por la posterior redacción final de la ley electoral , se impide la formación de gobiernos nacionales que sean mayoritarios y estables sin el concurso de las minorías políticas regionales de ideología fundamentalmente independentista. Es evidente que la Constitución debería haber dejado solventado explícitamente el mecanismo para la fácil consecución de mayorías estables de Gobierno, sin necesidad de constantes cesiones de competencias y de partidas presupuestarias.
Por ello, es preciso corregir las carencias del sistema electoral español expresando en los artículos 68, 69 y 70 la obligatoriedad de que la ley electoral establezca la doble vuelta , la circunscripción local , las listas electorales abiertas .
Y también sería preciso expresar en el artículo 6 la obligatoriedad de democracia interna en los partidos políticos , mediante el voto libre y secreto para la elección de sus candidatos.
Y, puestos a extender la democracia por toda la sociedad española, en los artículos 7, 22, 27, 34 y 36 , también se debería establecer la obligatoriedad de democracia interna con voto libre y secreto (verificado por Notarios Públicos) en los sindicatos , las asociaciones , los centros docentes , las universidades , las fundaciones , los colegios profesionales y, en general, en todas las instituciones y organizaciones que se financien fundamentalmente con subvenciones y ayudas públicas.
• Por la mejorable redacción de los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución se deja abierta la cesión constante de competencias a las autonomías a cambio del apoyo de los partidos independentistas, minoritarios pero en estos momentos necesarios para la formación de la mayoría de gobiernos nacionales estables. Por ello, se debe definir expresamente las competencias del Estado en el artículo 149 e impedir la cesión futura de competencias eliminando dicha posibilidad del artículo 150 de la Constitución.
• Por un diseño normativo erróneo de los artículos 122, 123 y 124 de la Constitución, no se protege ni se garantiza eficientemente la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo y del poder legislativo, dado que no se establecen mecanismos de elección directa de los órganos superiores del poder judicial por parte de los ciudadanos que se verán directa o indirectamente afectados por las sentencias judiciales. Es decir, mientras sean elegidos por los políticos en vez de por los ciudadanos, nunca serán realmente independientes los 21 jueces del Consejo General del Poder Judicial y tampoco será independiente el Fiscal General del Estado .
• Igualmente, por un diseño legislativo erróneo, los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución, impiden la independencia del Tribunal Constitucional respecto del poder ejecutivo y del poder legislativo, dado que no se establecen mecanismos de elección directa de sus 12 miembros por parte de los ciudadanos que se verán directamente o indirectamente afectados por sus decisiones.
De la falta de independencia efectiva de los órganos superiores del poder judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional, se derivan fallos judiciales que amparan leyes que de otro modo serían catalogadas como inconstitucionales.
Con lo anterior, se amparan judicialmente medidas legislativas y ejecutivas que generan falta de protección de muchos ciudadanos frente a atropellos de sus derechos y libertades fundamentales en muchas regiones de España y frente a los ataques a la supuesta libertad de mercado en donde se debería poder interactuar libremente.
Igualmente, se pueden observar, elección tras elección, las cifras de abstención constantemente crecientes , que reflejan el enorme desencanto de una mayoría de ciudadanos por la falta de control sobre algunas de las decisiones más importantes adoptadas por políticos intervencionistas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico o local.
Cuando el marco institucional de una democracia ofrece fisuras normativas , la falta de respeto a la Constitución por parte de políticos amorales e irresponsables puede llegar a fracturar la convivencia pacífica aprobada mayoritariamente por todos los españoles, con nueva legislación liberticida y con constantes ataques a las instituciones más importantes de la democracia.
Por ejemplo, la cesión de las competencias en educación , más allá de la enseñanza de un idioma regional o más allá de la enseñanza de particularidades culturales, está permitiendo en ciertas regiones que no se pueda recibir enseñanza en el idioma común español que es el castellano desde hace cientos de años.
Es más, los políticos independentistas están adoctrinando a los niños y jóvenes en la separación sentimental de las regiones vecinas, por medio de la invención histórica y la búsqueda de heridas y diferencias regionales ficticias, para lograr captar votos futuros que incrementen su poder local, o incluso que les proporcionen la independencia, pese a carecer sus reivindicaciones de fundamento histórico o jurídico.
Por ello, se deben cambiar desde el preámbulo hasta los artículos 1,2, 3, 4, 27 y 120 de la Constitución Española de 1978 y, se debe producir el retorno de las principales competencias de educación (salvo el idioma y la cultura regionales) a la Administración General del Estado en el artículo 149 .
Cuando se permite la involución socio cultural del marco institucional, se instauran el conflicto y la incertidumbre como forma de hacer política y, poco a poco, se rompe la convivencia pacífica que nos habíamos otorgado mediante la Constitución Española de 1978.
Durante más de dos décadas, la opresión a los derechos y a las libertades de los ciudadanos no nacionalistas viene siendo constante en las regiones dominadas por regímenes nacional-socialistas como Cataluña, País Vasco o Galicia.
Ya es hora de que los ciudadanos empiecen a ser consultados con mayor asiduidad en algunos de los principales asuntos de la nación.
Desde Plataforma Constitucional ( www.plataformaconstitucional.org ) se promueve la introducción de medidas de reforma en "profundidad" en la Constitución Española de 1978 para:
• Modificar el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 27 y 120 para proteger y garantizar el escrupuloso cumplimiento de la Constitución, el uso del idioma español, el uso de la bandera española, el uso no partidista de la historia común, la educación libre, el uso en el ámbito judicial del español.
• Modificar los artículos 148, 149 y 150 para definir explícitamente todas las competencias de Comunidades Autónomas y su financiación de modo simétrico para todas ellas. Para que la Administración General del Estado recupere ciertas competencias empleadas torticeramente desde el Estado Autonómico en muchas regiones. Por ejemplo, para retornar toda la educación (no lingüística y no cultural) al ámbito de la Administración General del Estado y así poder evitar el adoctrinamiento nacionalista de niños y jóvenes para servir a sus intereses.
• Modificar el artículo 155 para que sea obligatoria la suspensión, como mínimo durante una legislatura, de la autonomía de una región cuando los políticos locales no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan y cuando no defiendan eficientemente los derechos y libertades individuales de los ciudadanos de su demarcación territorial.
• Modificar los artículos 122 y 123 para proteger y garantizar expresamente la independencia “real” del poder judicial mediante la elección directa por los ciudadanos de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial. Es decir, mediante la selección directa por los ciudadanos de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial, entre jueces con amplia experiencia y con probado currículo profesional.
• Modificar el artículo 124 para lograr el impulso independiente de la acción de la justicia, mediante la elección directa por todos los ciudadanos del Fiscal General del Estado , entre fiscales de amplia experiencia y con probado currículo profesional. Instaurar la posibilidad futura de crear la figura del Fiscal de Distrito , elegido por los ciudadanos en cada demarcación judicial para que responda cada cinco o seis años frente a las personas a las que afecta directamente la calidad de su trabajo profesional.
• Modificar el artículo 159 para proteger y garantizar la independencia “real” del Tribunal Constitucional , mediante la elección directa por los ciudadanos de sus 12 miembros, seleccionando sólo entre jueces de probado currículo profesional y de contrastada experiencia.
• Modificar el artículo 92 para que sea obligatoria la convocatoria de referéndum para aprobación con participación de todos los ciudadanos y por mayoría de dos tercios de aquellos asuntos cruciales para el desarrollo de la nación.
Por ejemplo, con referéndum para aprobación de cambios en cualquier Estatuto de Autonomía, o en las competencias delegadas en una Autonomía, o en la financiación de dicha Autonomía. O también, con referéndum para aprobación de cambios que afecten al ordenamiento Constitucional y/o aprobación de Tratados Internacionales firmados por el Gobierno Español.
O bien, convocando referéndum para aprobar la suspensión de una Autonomía cuando sus dirigentes no respeten la Constitución y las leyes que deben cumplir, o cuando promuevan o consientan constantes ataques a los derechos y libertades de los ciudadanos dentro de sus competencias en su región.
Estas medidas de profundización democrática son de la máxima prioridad para lograr parar de modo eficiente la deriva independentista en España y, junto con otras, se explican en detalle dentro de la página Web de Plataforma Constitucional ( www.plataformaconstitucional.org ).
Si alguien duda de su aceptación social, que pregunte a sus familiares sobre estas ideas o las comente con ciudadanos de a pie en una cafetería. O mejor aún, que desde un partido político se realice una encuesta sobre si los ciudadanos aceptarían las anteriores propuestas.
Evidentemente, son difíciles de implantar ya que debe vencerse la resistencia inicial de la clase política y de algunos grupos sociales. Pero estamos completamente seguros de que su planteamiento valiente por los partidos políticos nacionales será mayoritariamente apoyado por los electores y sería aprobado en referéndum por una amplia mayoría de más de dos tercios de los españoles.
Respecto del terrorismo, se debe ejercer la presión policial de modo constante y contundente frente al terrorismo sin concesiones ni negociaciones hasta su completa rendición, única vía moralmente aceptable por todos los ciudadanos de bien que garantiza la convivencia en el medio y largo plazo.
Y respecto del nacionalismo, se debe contar en todo momento con la integridad moral de una mayoría de 44 millones de ciudadanos no nacionalistas para consultar a todos los españoles mediante referéndum las decisiones políticas más importantes, en vez de recurrir al paternalismo tan usual en los políticos a lo largo de la historia de España. Por ejemplo, debemos exigir moral y coraje a los políticos para que consulten a los ciudadanos en referéndum la aprobación de una reforma constitucional “profunda” como la que solicitamos.
Y se debe exigir respeto al ordenamiento jurídico basado en la Constitución Española de 1978 , a las instituciones y, fundamentalmente, se deben proteger y garantizar todos los derechos y libertades de los ciudadanos independientemente de la región en donde vivan. Para ello, se debe garantizar la acción judicial contra aquellos políticos y aquellos ciudadanos que no cumplan con lo anterior.
Estimamos que la ciudadanía debe actuar ante el intento de reforma constitucional por la puerta de atrás, con políticas de hechos consumados, mediante estatutos de autonomía y convocatoria de votaciones de autodeterminación claramente inconstitucionales.
Es esencial la presión ciudadana hacia todos los políticos, de todos los partidos nacionales, para lograr dotar a la Constitución de herramientas democráticas que permitan parar las políticas de atropello de los derechos y libertades individuales y que logren repeler los constantes intentos de desestabilización institucional promovidos por políticos demagogos e inmorales.
En estos momentos, sólo queda una única solución basada en una reforma profunda de la constitución justo en sentido contrario al forzado por los radicales independentistas.
De la presión social que podamos ejercer para reclamar medidas de profundización democrática como las que acabo de señalar, de la valentía moral para plantear seriamente una reforma constitucional suficientemente profunda, de la altura de miras y del coraje político necesarios para luchar por más libertades políticas frente a la campaña nacional socialista, depende la supervivencia de España como nación.
Desde Plataforma Constitucional (www.plataformaconstitucional.org), agradecemos su atención y esperamos poder contar con su apoyo y colaboración, para poder seguir gozando en el futuro de una convivencia pacífica entre los ciudadanos de las diferentes regiones y para reforzar a España como su nación común.
