BLOQUE 4 - Partidos Políticos
4.1. Obligatoriedad constitucional de Ley de Partidos Políticos basada en la financiación transparente por aportaciones individuales de los ciudadanos y en la democracia interna por voto democrático y secreto.
Objetivo: Extender la democracia a todas las instituciones, asociaciones y organizaciones que reciban subvenciones públicas, sustentadas por todos los ciudadanos con los impuestos, para evitar la perpetuación de grupos en el poder con base en la falta de democracia de partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, ... que vivan de los fondos públicos.
Todas los anteriores bloque de medidas de reforma constitucional son inútiles en el medio y el largo plazo, si no ha quedado bien resuelta la transparencia y la financiación de los partidos políticos.
Por ello, aparte de las aportaciones por los resultados electorales, se precisa Obligatoriedad Constitucional para que exista una Reforma de la Ley de Partidos, exigida expresamente por un artículo dentro de la Constitución, que obligue a la Organización Democrática, a la Financiación Transparente y a las Auditorias Financieras de los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y todas aquellas entidades donde se reciban subvenciones y ayudas públicas pagadas por todos los contribuyentes.
Debe primar la transparencia "democrática" con su debida fiscalización por medio de Notarios Públicos en todos los procesos electoarles internos que deberán ser por voto democrático estrictamente secreto de todos sus militantes.
También debe primar la transparencia "de cuentas" con su debida fiscalización por la Intervención General del Estado y con financiación preferente mediante aportaciones pequeñas de los "individuos" que forman la sociedad.
Por ejemplo, vía 100% desgravación fiscal de las aportaciones de las personas físicas o jurídicas con un máximo de 9000 Euros, indexados al incremento anual de precios para que se actualice la cantidad máxima conforme aumente la inflación.
De otro modo, los partidos políticos quedan sujetos a la actual corrupción encubierta que impide procesos de liberación de mercados (liberalización del suelo para resolver el problema de la vivienda, liberalización de la generación de energía, etc.) por ser las grandes empresas con monopolios (u oligopolios) las principales financiadoras y las grandes beneficiadas por este defecto del sistema.
Probablemente esta medida de profundización democrática requiere el uso de cheques emitidos por el Banco de España (o bien de cuentas del Banco de España) que permitan las aportaciones dinerarias de los ciudadanos de forma anónima a cada partido, pudiendo guardar un justificante para su desgravación fiscal en la declaración de impuestos.
Es decir, el Banco de España puede emplearse para garantizar la transparencia de la financiación de los partidos políticos y garantizar que se aleja la corrupción.
Para ello, se debería castigar severamente la financiación no obtenida empleando al Banco de España como garante de la operación de financiación de partidos políticos por medio de aportaciones individuales de ciudadanos (personas físicas) o de empresas (personas jurídicas) con una aportación máxima que permita igualar la "influencia" de las aportaciones financieras sobre los políticos que manejan las riendas del Estado.
El anonimato debe quedar garantizado en la financiación para que no pueda instrumentalizarse el conocimiento sobre quién financia y sobre a quién se destina el dinero.
En cualquier caso, para que los presupuestos, las leyes, las normativas, las subvenciones y las ayudas vayan orientadas a beneficiar a todos los ciudadanos, los partidos políticos (que controlan el Estado a nivel nacional, regional y local) deben financiarse en proporción equivalente desde las personas físicas y desde las personas jurídicas.
Es la única forma para lograr la existencia de mercados libres en vez de quedar secuestrados por el mercantilismo, lo cual favorece a las clases dirigentes más poderosas que financian a los partidos políticos y a los grupos sociales que les dan apoyo a cambio de prebendas en forma de: restricciones normativas, oligopolios (dominios de tres o cuatro empresas sobre un mercado concertado), fijaciones de precios, planificación de tarifas, ayudas, subvenciones, concesiones administrativas, expropiaciones, recalificaciones,...
